Opinion
Diario la Hora Quito
Lejos de ir aclarándose el embrollo del 30 de septiembre, cada vez se oscurece más y complica. La semana pasada un perito examinó los cadáveres de dos militares que participaron en el rescate del Presidente, pero se encontró que las balas que los ultimaron habían desaparecido. El perito a cargo de la investigación dijo que esto constituía un duro golpe para el esclarecimiento de los hechos.
Pero la sorpresa mayor la dio el siempre controvertido Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, al declarar que los militares que participaron en el motín no han incurrido en ninguna infracción de tipo penal y que si hay sanciones, éstas deberían ser de carácter disciplinario-administrativo. El miércoles pasado el Ministerio de Defensa no le remitió a la Fiscalía la lista de militares insurrectos.
Tanto los medios de comunicación locales, como los del resto del planeta, mostraron imágenes de uniformados de la FAE que participaron en la toma del aeropuerto de Quito. Y pese a que la declaratoria del Estado de Excepción pasaba la seguridad del país a las Fuerzas Armadas, en Guayaquil nadie impidió los saqueos y actos vandálicos que se produjeron.
Pero hubo otra sorpresa: el Secretario Jurídico de la Presidencia, además, se presentó en la Fiscalía General como representante de uno de los oficiales de apellido Medina del Ejército que salvó la vida del Presidente.
¿Es sólo el agradecimiento por el sangriento rescate del Presidente lo que le mueve a tanta magnanimidad? ¿O acaso el 30 de septiembre hubo algún compromiso del Gobierno con los militares que se desconoce?
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